Faber Cuervo
Colombia, país megadiverso,
sigue sumando desastres ambientales que amenazan su potencialidad en agua y
oxigeno. Medio siglo de conflicto armado, ganadería extensiva, sembrado de coca
y minería, ha deforestado drásticamente
sus selvas. Los proyectos de infraestructura eléctrica y vial también afectaron
no sólo la naturaleza sino a las comunidades. La Amazonia y el Chocó pierden biomasa
diariamente por cuenta de incendios provocados y los dientes de las motosierras.
La tala de árboles maderables, la potrerización y la agricultura, no dan tregua
a los bosques tropicales que caen sin dolientes.
La suerte del medio ambiente
no es prioridades en la agenda de los gobiernos nacional, regionales y locales.
Las preocupaciones de estos entes se centran en atender la economía del día a día.
Y la economía es esa espiral de crecimiento “infinito” que demanda energías,
alimentos, transporte, tecnología, ropa, vivienda, todo esto dependiente en
gran parte de los combustibles fósiles. No se destina ni tiempo, ni recursos
suficientes, ni planes eficaces para la protección y sostenimiento de las
fuentes de vida, es decir los ecosistemas de conectividad que hacen posible la
biodiversidad. Basta citar dos casos recientes entre los múltiples que padece
el territorio: el derrame de petróleo del pozo Lizama 158 en Barrancabermeja y
la crisis del aire en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
El afloramiento de crudo y
lodo contaminó 30 kilómetros de tres ríos en el Magdalena Medio santandereano,
provocó la muerte de miles de animales, quitó la fuente de sustento a cientos
de familias pescadoras, generó daños ecosistémicos que tardarán décadas para
superarse. Se evidenció una negligencia tanto por parte de la compañía
responsable del daño (Ecopetrol), como por las autoridades encargadas de
controlar sus intervenciones (el Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de
Licencias Ambientales –ANLA-, la Agencia Nacional de Hidrocarburos –ANHI-). Hay
pruebas de que se advirtió ese desastre pero no operó ningún plan de
contingencia ni para Lizama ni para otros 38 yacimientos mal abandonados. La
economía es la prioridad, no los derechos ambientales de los colombianos.
Estamos respirando veneno en
el Área Metropolitana. Aire lleno de micropartículas de carbono azufrado, gases
tóxicos y sustancias cancerígenas, productos de la combustión, es inhalado por
los más de 4 millones de habitantes del Valle de Aburrá, lo que produce
anualmente la muerte de 3.000 personas. De ellas, 500 fallecen por cáncer de pulmón,
1.000 por Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica –Epoc-, y 1.500 por problemas
cardiovasculares generados por los gases contaminantes (Dr. Elkin Martínez López.
Grupo Epidemiología UdeA. En: Alma Mater No. 674, UdeA, Medellín, abril de
2018). Agrega el Dr. Martínez que el aire sucio produce enfermedad y muerte por
exposición lenta y prolongada o aguda de corta duración.
Las raíces o causas
estructurales del envenenamiento del aire no son abordadas con decisión en los
planes preventivos. No se cuestiona la expedición anual de 35.000 nuevas matrículas
de autos y motos que se suman a los emisores contaminantes existentes; tampoco
se contemplan sanciones pedagógicas para las empresas que impactan
negativamente el medio ambiente; tampoco se vislumbra un cambio en la
macrocefalia urbana, diseñada para autos y construcciones invasivas; ni se amplían
los espacios públicos y zonas verdes que ayudan a optar por las caminatas y
bicicletas. En el Valle de Aburrá hay apenas medio árbol por cada 3 habitantes,
mientras que se registra un vehículo motorizado por cada 3 habitantes. Una
aberración. Según la Organización Mundial de la Salud cada ciudad debería tener
al menos un árbol por cada 3 habitantes. Lo que se ve entonces es una
equivocada política de saturación gris, de convertir los pisos blandos en duros
en todo el Valle de Aburrá. En Envigado pretenden, ¡todavía!, talar más de 130 árboles
en el Túnel Verde, un bosque urbano que protege la salud de los estudiantes de
3 colegios ubicados en ese corredor: La Salle, El Teresiano y el Colombo Británico.
El Amva cuenta con planes
como el Plan Operacional para enfrentar episodios críticos de contaminación
atmosférica –Poeca-, el Plan Integral de Gestión de contaminación del Aire
–Pigeca-, y el Pacto por la calidad del aire. Pero este conjunto de medidas son
apenas paliativos coyunturales o dependientes de resultados inciertos a mediano
plazo, a la situación crítica de mortalidad que genera. Tanto que el Tribunal
Administrativo de Antioquia ordenó al Amva adoptar medidas cautelares para
evitar nuevas declaratorias de emergencias ambientales que ponen en riesgo la
salud de los niños y adultos mayores principalmente. Sin embargo, el Amva ha
respondido que no habrá modificaciones en las estrategias implementadas (El
Colombiano. Marzo 25 de 2018. P. 18). La prioridad es la economía, no la salud
de los antioqueños.
Estos casos de desidia con
el medio ambiente se replican en toda la geografía nacional. La desviación del
río Rancherías en el Cesar para favorecer intereses particulares; el
despilfarro de agua en El Cerrejón para extracción de carbón, lo que ha llevado
a la muerte a más de 5.000 niños en La Guajira; el peligro de pérdida de agua potable
para las comunidades por posible excavación en busca de oro debajo del páramo
de Santurban; el desplazamiento de indígenas, campesinos y pérdida de flora,
fauna y sembrados, por las hidroeléctricas HidroItuango y el Quimbo en
Antioquia y Huila; el secamiento del río Sambingo en el Cauca; la desertificación
de una amplia zona del bajo Cauca antioqueño por minería ilegal; los riesgos de
avalanchas en varias regiones por erosión y mal uso de los suelos. La selva
talada en el Amazonas equivale al área del Chocó. Colombia es el tercer país
del mundo con mayor contaminación de mercurio después de China e Indonesia, 200
toneladas de ese metal líquido son vertidas a los ríos y suelos del país anualmente.
Mientras países como Francia, Canadá y Alemania prohíben el uso del fraking, en
Colombia se le abren los valles, montañas y acuíferos para que ingrese. No es
ciencia ficción que podamos quedarnos sin bosques y sin agua cuando la economía
prevalece sobre la salud de los seres vivos y del medio ambiente. “Vayan
buscando otros planetas donde trasladar la vida humana porque éste no durará
mucho”, fue uno de los últimos llamados del físico Stephen Hawking poco antes de morir.
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