F.C
Economista -Universidad de Antioquia-.
Colombia no necesita copiar ningún modelo político de país alguno por más “Primer Mundo” que sea; mucho menos, la continuidad de los gobiernos de los últimos treinta años. Lo que requiere es un gobierno aliado con una ciudadanía empoderada para hacer cumplir la Constitución de 1991, que contiene los derechos sociales, económicos, civiles, políticos, laborales, ambientales, y culturales; los mismos que nos niegan en la vida cotidiana, y se convirtieron en nuevos reclamos, derechos de petición, luchas jurídicas, desgaste, sufrimiento o resignación a su ausencia.
La aplicación de los derechos consagrados en la Constitución Política de 1991 se volvió imposible, primero, por un entorno económico que destruyó la soberanía económica y las reglas democráticas en las decisiones de políticas públicas. Y segundo, por un entorno político, demagógico y dictatorial, que satanizó los sujetos políticos, desestimulando la participación ciudadana, tanto en procesos de democratización de gobiernos locales y curules del Congreso, como en la toma de decisiones territoriales en los Planes de Ordenamiento municipales.
El gran desafío que afronta Colombia en las elecciones del año 2022 no es sólo liberarse de la hegemonía política del Uribismo, sino de la doctrina de “gobernanza corporativa público-privada” que adoptaron los partidos políticos aliados de los gobiernos de los últimos treinta años. Dicha doctrina rige las decisiones sobre lo público (salud, educación, pensiones, obras públicas, servicios públicos, espacio público, justicia, orden público) con criterios economicistas, administrativos, gerenciales, de rentabilidad y beneficio para privados, de tal modo que los derechos constitucionales quedan a medias o no se ejecutan.
Lo público se convirtió en feria de mercados dominados por agentes privados; cooptado por la ambición empresarial privada y por la corrupción política. Lo público es el presupuesto que se disputan grupos económicos empresariales privilegiados y las mafias contratistas articuladas con clanes políticos. El modelo de “gobernanza corporativa público-privada” impone la economización de las actividades humanas, destruyendo el espíritu equitativo y solidario de la Carta Magna.
En la historia de Colombia, hubo gobiernos que trataron de democratizar la economía y, de paso, garantizar algunos derechos fundamentales de la ciudadanía. Sus esfuerzos fueron parcialmente exitosos o tuvieron la resistencia enconada de los sectores y grupos que sentían perder privilegios. Son los casos de los presidentes Rafael Reyes (1904-1909), Alfonso López Pumarejo (1934-1938), y Carlos Lleras Restrepo (1966-1970). El primero, un General conservador; los otros dos, liberales. Rafael Reyes recibió un país en ruinas, empobrecido, desolado y abatido por las guerras civiles del siglo XIX. Las masas no se calzaban, apenas comían. El analfabetismo era de casi las dos terceras partes de la población; por la Constitución de 1886, éstas no tenían derecho a votar, tampoco las mujeres a las que les negaba otros derechos civiles. Había conflictos entre terratenientes favorecidos con concesiones de tierra por el Estado, y los campesinos despojados de esa misma tierra.
La gente se dividía entre conservadores y liberales, se heredaba el odio partidista de padres a hijos. La Constitución de Rafael Núñez también prohibía el derecho de asociación, la formación de sindicatos, las reivindicaciones obreras y campesinas. Crispación política, miseria, ignorancia e injusticia, eran los rasgos principales de esa Colombia que saludaba el nuevo siglo.
El General Reyes fue el político más inteligente en ese momento; se fue del país durante la Guerra de los Mil días (1899-1902) y regresó para reconciliar a conservadores y liberales. Gracias a su gestión se vivió un largo periodo de paz y desarrollo económico. Esto creó las condiciones para un auge industrializador (textiles-alimentos), exportador (café-banano), urbanizador, transportador (carreteras-ferrocarriles-fluviales).
Estos avances, junto con las crisis económicas mundiales derivadas de la gran depresión económica de 1930 y las dos grandes guerras, empujaron al modelo de sustitución de importaciones en nuestro país, en el que se producía internamente los productos que ya no se podían importar. La pacificación emprendida por Reyes se extendería hasta 1946, cuando estalla nuevamente la guerra conservadora-liberal. Reyes fungió como un reorganizador de una Colombia que entró en andrajos al siglo XX.
Alfonso López Pumarejo, llegó a la presidencia en 1934, para consolidar la transición pacífica de la hegemonía conservadora (casi 50 años en el poder) hacia la República Liberal (1930-1946), iniciada por el liberal Enrique Olaya Herrera (1930-1934).
López fue el primer presidente colombiano en abordar con gran sensibilidad los problemas sociales. Se enfocó en darle protagonismo a la clase obrera; aprobó el derecho a formar sindicatos; evitó cometer el error de los conservadores y su antecesor copartidario, de ser patronista en los conflictos obrero-patronales. López Pumarejo tomó siempre partido por los trabajadores. Estaba convencido de que a las masas excluidas de las oportunidades y comodidades había que involucrarlas en nuevas dinámicas económicas y sociales; de lo contrario, aquellas se harían sentir, y no con modales aristocráticos. Se basaba en la huelga bananera de 1928 que terminó con una masacre de obreros agrícolas, lo que a la postre cobraría el electorado en las elecciones de 1930, donde los conservadores perdieron el poder. López llevó a adoptar la primera ley de reforma agraria en 1936; sin embargo, tuvo alcances moderados, entre ellos el que facilitaba la posesión de tierras ociosas a los campesinos desposeídos, y la imposición de tributos más altos a la tenencia de tierras improductivas. También elevó la tasa de impuestos a las firmas extranjeras, reglamentó los derechos de propiedad teniendo en cuenta las obligaciones sociales, suprimió la injerencia absoluta de la religión católica en la educación, eliminó el requisito del alfabetismo para votar. El principal aporte de López a la forma de gobernar fue poner en relevancia, por primera vez, los graves problemas sociales de Colombia.
Carlos Lleras Restrepo fue el segundo presidente colombiano en volver los ojos al problema agrario que no cesaba de enfrentar a labriegos y terratenientes, lo cual terminaría generando las guerrillas liberales, transformadas luego en marxistas, en la década del 60, y un nuevo capítulo de violencia e inestabilidad política. El Frente Nacional conservador liberal (1958-1978) del que Lleras fue su tercer mandatario, impulsó una reforma agraria con el fin de detener la eterna violencia rural, reparar los daños causados, y fortalecer al campesinado.
A pesar de que la Ley de 1961 creó el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) para expropiar dominios privados y redistribuirlos a campesinos sin tierras que pudiesen cultivarlos, dicha Ley solo vino a materializarse durante el gobierno de Lleras Restrepo, con la oposición de políticos que no estaban muy convencidos de la necesidad de reestructurar la tenencia de la tierra. Lleras aceleró la asignación de títulos sobre terrenos públicos pretendiendo arraigar a los campesinos a sus tierras obtenidas para disuadir el éxodo del campo a las ciudades y controlar, así, el aumento del desempleo urbano. Lleras también apoyó la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), a cuyos miembros benefició con programas de crédito, extensión agrícola y participación en la administración de los servicios al agro. Al finalizar su mandato, Lleras había conseguido afiliar a casi 800.000 campesinos en la Anuc, aproximándose al número de trabajadores sindicalizados. Quizás, sin el salvavidas de esa reforma agraria, el campesinado se hubiera diezmado a través de un proceso de proletarización anhelado por los industriales que en las urbes necesitaban como mano de obra barata. Lleras también intensificó la sustitución de importaciones, lo que llevó a una mayor participación en la producción industrial a las manufacturas de bienes de consumo durables y los bienes de capital. Además, promovió las exportaciones a través de créditos, información de mercados, exenciones fiscales para los exportadores, la adhesión al Pacto Andino, las minidevaluaciones controladas del peso para conservar su valor de cambio en los mercados mundiales.
La verdad es que los gobiernos anteriormente mencionados tuvieron limitaciones para lograr plenamente sus propósitos, porque estuvieron presos de un sistema bipartidista que excluía la participación democrática de terceras fuerzas en el acceso al poder, en el diseño de programas, al emprendimiento económico, a las propuestas renovadoras de las esferas de lo público y lo privado. No obstante, hacen parte de los esfuerzos de muchas personas que lograron reconstruir un país, con todo lo bueno y malo que contiene.
Los años 70 y 80 prosiguieron con un buen comportamiento de la industria nacional, la producción agropecuaria para el autoabastecimiento, la cobertura en servicios públicos y educación pública, pero sobre todo una demandante explosión demográfica. A la par, la inconformidad por la ausencia de democracia participativa, por medidas represivas y leyes impopulares, y la protección que los gobiernos daban a los terratenientes y latifundistas que precarizaban la vida de los campesinos, hicieron nacer nuevos grupos guerrilleros, se fortalecieron y surgieron movimientos sociales-culturales, adquirió fuerza el movimiento sindical en las ciudades, arrancó el boom del narcotráfico. Los sucesivos gobiernos del establecimiento no entendieron lo que advirtió López Pumarejo, que los gobiernos debían canalizar las demandas populares hacia una solución pacífica, pues lo contrario sería erróneo y peligroso. En vez de dialogar, siempre respondieron con Estado de Sitio y una declaración de guerra a todas las manifestaciones de descontento, a las peticiones, la protesta social, las mismas respuestas que se dan hoy en día, lo que profundizó y acrecentó más el descontento y la impaciencia.
Son casi 100 años de crímenes del Estado oligárquico contra el pueblo inerme y los líderes sociales, los que se inauguraron con la masacre de las bananeras en 1928.
El más grande paro nacional que tuvo Colombia en 1977, antes del estallido social actual que está transformando a Colombia, lo tuvo que padecer Alfonso López Michelsen, hijo de López Pumarejo. La conciencia de clase no se pierde en la estirpe política colombiana.
Sólo ha habido un gobierno auténticamente democrático y popular en Colombia, pero apenas duró 9 meses. Lo derrocó la “gobernanza” de esa época, es decir, los terratenientes esclavistas-aristócratas, los comerciantes librecambistas y los políticos profesionales. Fue la presidencia del indígena José María Melo en el año 1854, apoyada por las comunidades de artesanos y campesinos.
¿Cuál es el gobernante que requiere hoy Colombia? El que esté dispuesto a conseguir lo mínimamente indispensable para contribuir a cambiar esa herencia deplorable que los últimos gobiernos nos dejaron.
Se necesita con urgencia un gobierno comprometido con la pacificación, la democratización en todas las actividades, el respeto a todas las vidas sin importar su credo político, el acatamiento de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución del 91. Esas son las urgencias de nuestro país. No se soporta más demagogia, ni aplazamiento a tan vitales necesidades. El sufrimiento de millones de personas espera una mano amiga en el poder.
“El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”, dijo Simón Bolívar en el Discurso de Angostura en 1819, cuando apenas nacían las repúblicas suramericanas; sin embargo, ese sistema de gobierno, aún no se ha alcanzado, 200 años después, precisamente el más deseable para Colombia en este 2022, el mismo que están tratando de concretar en Perú y Chile.
¿Cuáles serían los retos más grandes para el próximo presidente, gabinete, Congreso, y todas las instituciones? En primer lugar, el más importante, el que abordó Rafael Reyes en 1904, la pacificación del país, la que condujo a la industrialización y la producción del agro. Asegurar los Acuerdos de Paz y negociar con todos los reductos insurgentes, paramilitares y narcotraficantes que llenan de muerte los campos. Establecer una nueva estrategia contra la producción y comercialización de drogas, si fuese necesario. Este paso es una premisa para lograr la reconciliación nacional, para despejar el camino a la democratización de todas las esferas de la vida nacional. Sin paz no hay camino hacia la prosperidad de todos, sino a las cumbres borrascosas del miedo y la desesperanza.
La paz y el derecho a la vida son bienes inalienables. Ningún gobierno ha podido con el poder omnímodo de los terratenientes, los principales causantes del sufrimiento y la crisis eterna en el campo. El nuevo gobierno debería también negociar con este segmento para democratizar el acceso y la productividad de la tierra.
El segundo gran reto sería desmontar la economía rentista, especulativa, parasitaria, importadora, antiambiental, contaminadora y excluyente. Y en su lugar, potenciar una economía incluyente, limpia, productora de bienes y servicios saludables, fundada en la elevación del nivel educativo de los jóvenes. No se trata de prepararnos para llegar a ser “Primer Mundo”, sino de convertirnos en un país donde cada ciudadano tiene sus derechos socioeconómicos garantizados. La medición del desarrollo de Colombia debería basarse por el indicador DCO, Derechos Constitucionales Obtenidos. La categoría de “Primer Mundo” obedece a la obtención de un falso desarrollo que se logra a través de la agresión al medio ambiente, de la exclusión y condena a muerte de muchas personas. Es un desarrollo artificioso, fruto de la expoliación de cosas usando humanos vulnerables en territorios lejanos de ese espacio físico y mental denominado “Primer Mundo”. Ese falso desarrollo se mide con categorías como el PIB (producto interno bruto), renta per cápita o el Ingreso Per cápita, que ponen por encima el precio de las cosas al valor del buen vivir y la vida sagrada de los humanos y la naturaleza; o la Competitividad, que enfrenta a los humanos como fieras hambrientas en mercados donde ganan sólo los más fuertes y privilegiados.
Antes de 1990, Colombia gozó de una industria nacional y un mercado interno medianamente protegidos. Y habían sido más exitosos los experimentos para diversificar las exportaciones. La traba más grande para nuestro país para avanzar hacia una economía desarrollada y socialmente democrática, ha sido el desprecio al conocimiento.
Colombia ha sido cicatera para invertir en educación, ciencia y tecnología. Siempre ha pretendido que se nos haga el milagro sin volcar recursos a la educación con calidad; a la investigación en las ciencias básicas; a la investigación de nuestros recursos naturales; a la protección de la biodiversidad –banco farmacéutico y medicinal aún subutilizado-; a la transformación de las materias primas para generar valor agregado, a la apropiación de los saberes ancestrales para producir nuevos saberes, nueva ciencia y nuevas tecnologías. Esta tarea del orden educativo, sería un tercer reto para un nuevo gobierno.
La Apertura Económica (1990 – Gobierno César Gaviria), reforzada con nuevos Tratados de Libre Comercio (2002-2018 –era Uribe y Santos), sumergieron a Colombia en el “Tercer Mundo”, es decir, esos países periféricos condenados a solo extraer materias primas para ofrecer al resto del mundo. Y de contera, condenado a mantener a gran parte de la población desprovista de sus más elementales derechos.
Las políticas públicas al servicio de agentes privados y de la corrupción política, hacen más onerosa la vida de muchos colombianos excluidos, marginados de los circuitos laborales, comerciales, sociales y culturales. Pareciera que la consigna fuera “que les vaya bien a pocos a costa de que les vaya mal a muchos”. Y que este principio rigiera la vida general en este país sin Constitución operativa, sólo existente en el papel y la demagogia política.
La Constitución de 1991 reemplazó la obsoleta y anacrónica Constitución de 1886; pero nació simultáneamente con su verdugo, la Apertura Económica (1990). La imposición de una estrategia económica que beneficiaba el trabajo extranjero y a poderosos clanes comerciales importadores, se convirtió en el hacha del carácter soberano, social y democrático de la Constitución. No sólo eso. La Apertura Económica en una sola dirección (nosotros compramos lo de afuera, pero no les vendemos lo que producimos) para la cual no estaba preparado el país, estimuló la producción y exportación de cocaína, al arruinar la producción del agro y desindustrializar el país. La decisión antidemocrática y antisocial de las elites político-económicas abrió todas las puertas para que la economía subterránea del narcotráfico se potenciara y se convirtiera en el principal renglón exportador de Colombia. La doctrina económica aperturista sin aranceles en un país sin vías de comunicación, sin modernización del aparato productivo, con una educación para la infelicidad y el desempleo, sin inversión en ciencia y tecnología, con el campo desprotegido, propició la desintegración e inoperancia de la Constitución. Progresivamente, los efectos de la otra doctrina, la “gobernanza corporativa público-privada” en la vida de los colombianos socavaron más los derechos sociales, económicos, políticos, civiles, laborales, ambientales, que consagra la Carta de cartas.
Los primeros golpeados por la Apertura Económica y los posteriores Tratados de Libre Comercio fueron los campesinos, los indígenas, las negritudes, la gente que nos provee los alimentos, los que trabajan de sol a sol con la rudeza que exige la tierra, los que no tienen apoyo del Estado, y están desprovistos de políticas públicas que restituyan las pérdidas en cosechas. Colombia empezó a importar trigo, algodón, maíz, arroz, frijol y otros. Luego, importó harina, plátano, leche en polvo, carne. Hoy en día, los campesinos de Boyacá sacan la papa a las carreteras o la botan porque se está importando este producto.
La quiebra y el hambre asolaron a miles de familias campesinas. Todo este desastre fue justificado con el argumento de que era más barato importar alimentos que producirlos aquí.
La desindustrialización se profundizó con dicha Apertura improvisada que atendía intereses particulares, no los de la Nación; se sometió a la industria textilera y de confecciones a una desigual competencia con las telas provenientes de China y otros países asiáticos. Se le dio prioridad al capital financiero sobre el capital productivo; ya no fue importante producir mercancías aquí para abastecer el mercado interno (sustitución de importaciones), sino comprarlas afuera y traerlas. La especulación financiera se tomó los mercados; el sector servicios en telecomunicaciones y bancarios, sustituyó las plusvalías que generaban antes las fábricas; la especulación con el suelo y la construcción inmobiliaria se convirtió en el renglón que más rentas generaba a empresas legales e ilegales (lavadoras de activos). Se disparó el ingreso nacional por cuenta de las divisas lavadas del narcotráfico. La búsqueda desesperada de ingresos fiscales a través de la minería y los hidrocarburos, así como la construcción desbordada en las ciudades, llevó a desconocer todos los derechos ambientales, consagrados en la Constitución.
Los treinta años que han transcurrido desde la promulgación de la Constitución, han sido una constante socavación de su espíritu. Colombia se quedó sin Constitución, sin brújula que evite el desmejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, precisamente su razón de ser. La Constitución es la columna vertebral de un país, la que orienta las actividades cotidianas, y llena de sentido el cumplimiento de deberes y derechos. Prácticamente, desapareció nuestra Constitución, porque se volvió normal que la ambición empresarial privada y la de la corrupción política, se lucraran de lo público; se volvió paisaje que el Estado subsidie con dineros públicos –de todos los colombianos- a las grandes empresas y a los bancos. Se volvió normal el saqueo a los presupuestos destinados a la educación, la salud, niñez desamparada, obras públicas, cultura, alimentación, etc.
Un cuarto reto para el nuevo gobierno sería cambiar el adoctrinamiento de la fuerza pública, que ha convertido a los ciudadanos en pie de lucha por sus derechos en delincuentes, merecedores de tratamiento de guerra. Ese adoctrinamiento de policías y soldados llevó a instituciones que nacieron para defender a la población civil y a la seguridad del Estado que somos todos, en enemigas de la convivencia pacífica y de la justicia social. Fueron convertidas en instrumentos politizados, serviles a una clase política corrompida, y a una maquinaria de “gobernanza corporativa público-privada”, adueñados de los recursos nacionales. Son muchos los aspectos a transformar en el diseño de las instituciones colombianas. Abundan los retos. Nos hemos ocupado de los más álgidos. Por algunos de ellos hay que empezar.
Lo más importante es elegir un gobierno no comprometido con los entornos economicistas de “gobernanza corporativa público-privada”, en los que siempre ganan los más poderosos, y dejan las migajas para los excluidos de siempre. Cualquier candidato presidencial o aspirante al Senado o Cámara, que tenga vínculos con aquellos entornos, es más del mismo ácido que la sociedad ha tomado durante mucho tiempo.
En conclusión, Colombia requiere un nuevo gobierno que tenga la voluntad de paz de un Rafael Reyes, la amplificación de la sensibilidad social y democrática de Alfonso López Pumarejo, y la implementación de la Reforma Agraria que le sabotearon a Carlos Lleras Restrepo. Esta agenda en la que es columna vertebral desmontar la estructura económica de saqueo configurada en los últimos 30 años, ya es demasiado para empezar a reconstruir un agobiado país.
La sociedad chilena ya empezó una tarea similar. De Chile nos importaron el modelo de “gobernanza corporativa público-privada”.
Nos la vendieron como ejemplo para salir del “Tercer Mundo”. Pero, lo que siempre ocultaron fue que ese modelo tenía como objetivo privatizar todo lo público, tal como ocurrió en ese hermano país.
